Algunas
reflexiones de la Pastoral de Drogadependencia
de la Conferencia Episcopal Argentina ante los proyectos de ley
sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal
de la Conferencia Episcopal Argentina ante los proyectos de ley
sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal
Estas reflexiones están inspiradas en los testimonios y preocupaciones que recogemos a diario en los distintos ámbitos de la Iglesia en todo nuestro país.
El tema de la droga genera una enorme preocupación en todas partes, en las grandes ciudades y en los pueblos más pequeños, en las familias con muchos recursos y en las más humildes de nuestra sociedad.
Las familias recurren a nosotros en búsqueda de orientación y consuelo. Muchas veces caen en la desesperación.
Por
eso no podemos callar.
Expresamos nuestros pareceres enriquecidos por la experiencia de la Iglesia en todo el mundo. Sí: en todo el mundo.
Así quisiéramos que se interpreten. Como una contribución para encontrar caminos de comunión superadores de una realidad que nos angustia.
Creemos que es a través del diálogo y creando espacios de reflexión en donde cada uno se pueda expresar con auténtica libertad, que encontraremos las verdaderas respuestas a este mal de nuestro tiempo.
De ninguna manera debiéramos mirar al que piensa distinto como un enemigo reprochable con el que ni siquiera hay que hablar. Por el contrario, pensamos que es respetando profundamente los distintos puntos de vista que nos guían, que encontraremos verdaderos caminos de comunión que en definitiva nos ayuden a alejar a toda la sociedad del esclavizante mundo de las drogas.
Y, por sobre y ante todo, queremos recoger y expresar la voz de los más pobres.
Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte.
“En la Argentina, lo que quizás es recreativo para un joven de clase media o alta se torna fatal en los ambientes pobres y marginales. Es necesario comprender que la vulnerabilidad social aumenta cuando no hay oportunidades de inclusión real; y que, a mayor vulnerabilidad, la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta dramáticamente. El joven pobre no tiene de dónde asirse, porque vive la fragilidad en lo escolar, en lo laboral y lo sanitario; en consecuencia, un simple consumo de porro tiende a arraigarse más rápido y con mayor fuerza.” (Fragmento tomado de la nota de opinión del sacerdote José María “Pepe” Di Paola, publicada en el diario La Nación el lunes 28 de mayo de 2012 con el título “La cuestión no es despenalizar”.)
El contexto de la ley
Desde hace un tiempo se escuchan diversas propuestas que promueven la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal.
Para sostener y justificar esta postura se expresan distintos argumentos, pero el más común es que “la guerra contra las drogas ha fracasado”, el consumo ha aumentado y lo único que se ha logrado es “criminalizar al adicto”.
Entonces se dice que la única y la “verdadera solución” es simplemente “despenalizar”, confiando en que con esta sola medida se resuelve casi todo el problema.
Sin embargo, como ya ocurrió en otros países, esto favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias y por lo tanto aumentar de esa manera el consumo, más que disminuirlo.
Cabe señalar en este contexto, que llama la atención que cuando se hace un análisis jurídico del problema de las adicciones, no se hayan analizado otras alternativas para atender una problemática tan específica como la creación de tribunales propios, fuera del área penal por ejemplo.
Nuestra realidad
El 25 de Marzo de 2009 el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires publicó un documento en el que se manifestaba que “la droga está despenalizada de hecho” y nos decían que “la despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”. Y continuaban:
“Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.(…) Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros”.
Cuando los legisladores deban meritar sobre los motivos o razones por las que se debería liberar el consumo de cannabis, entendemos que simultáneamente deberían reflexionar si el sistema sanitario de nuestro país se encuentra preparado para enfrentar todo lo que conllevaría poner en práctica tal decisión. Particularmente se ha de tener en cuenta a los más pobres. No se debe legislar para minorías sin tener en cuenta a las mayorías postergadas. Sabemos que las drogas producen impactos diversos según el estado de la salud del consumidor. Quien tiene alimentación adecuada en su infancia, atención médica habitual, dormitorio cómodo y abrigado, recibe las sustancias con serios riesgos para su salud. Pero el daño será mayor en un organismo deteriorado por la pobreza.
Entendemos el espíritu de la mirada jurídica, pero creemos que no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes.
Estado - Políticas Públicas - Contexto Social
Es necesario ir a las causas de la cuestión y no solo, a través de una mirada parcial y no integral, a considerar un aspecto del problema: el jurídico.
En este momento, en el que la pobreza y la exclusión persisten en buena parte de nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social.
Las políticas públicas deberían orientar sin lugar a dudas a desalentar el consumo de drogas. Por eso es de la mayor importancia contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud. Es urgente dar pasos hacia soluciones integrales.
La Ley Nº 26.586 que establece el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas fue promulgada el 28 de Diciembre de 2009. Es un excelente instrumento para desarrollar un verdadero esfuerzo educativo a nivel nacional. Sin embargo, debemos lamentar que aún no se han dado pasos firmes para su implementación. ¡¡ Es Urgente avanzar en educación y prevención !!
Hoy el mundo se enfrenta a uno de los mayores flagelos que se haya registrado en la historia de la humanidad. No solo por el aumento de las toxicomanías —cientos de millones de hombres y mujeres consumidores— sino también porque el entorno del adicto (principalmente la familia) se ve sometido a sacrificios enormes tanto en la observación diaria del deterioro y la angustia a que se haya expuesto el abusador de sustancias, como así también en la fase de rehabilitación posterior que importa un gran esfuerzo físico y moral de todo el núcleo afectivo primario que debe acompañar esta dolorosa y compleja etapa.
El conocimiento científico
Se ha divulgado de modo confuso que la distinción entre drogas blandas y duras —inclusive algunos gustan denominar “inocuas” a las primeras, también se las describió como “recreativas”— es un primer paso para distinguir lo que debe separarse en cuanto a las restricciones o controles gubernamentales.
Todo parece reducirse a un esquema erróneamente simplificado en el cual la droga es evaluada por comparación con otras sustancias aceptadas socialmente. Así, el caso de los cannabinoides tal vez sea el paradigma de esta situación. Inclusive algunos autores sostenían que el uso de marihuana resultaba menos dañino que la aspirina (Ells, 1992). Hoy sabemos científicamente que no es así y las organizaciones internacionales que estudian seriamente el problema como la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) alertan, por ejemplo, sobre el uso dañino de la marihuana. Esta Organización de las Naciones Unidas en su Informe Mundial sobre drogas 2011 expresa con toda claridad que cada vez más y más hay evidencias que indican que la intensa exposición al uso de cannabis incrementa el riesgo de desórdenes psicóticos.
Frente al cannabis los adolescentes parecen estar en doble desventaja: son más vulnerables al uso de ella y los efectos sobre las medidas cognitivas son más pronunciadas que en la edad adulta (Arsenault y otros, 2004, Ehrenreich y otros, 1999; Pope y otros, 2003). La adolescencia es un período crítico para el desarrollo neuronal y existen poco estudios encarados en esta etapa crítica (Mathias y otros, 2010).
Existen, como los señalados, numerosos estudios que desde el conocimiento científico, nos permiten hoy tener clara conciencia de las características complejas que nos plantea el problema de las drogas.
El deterioro de las funciones conductuales durante el manejo de vehículos, las consecuencias durante el embarazo, su relación con la esquizofrenia y los brotes psicóticos y muchos otros han sido claramente estudiados y documentados.
El narcotráfico y los mercaderes de la muerte
El daño que se produce a los adolescentes y jóvenes da cuantiosas ganancias a organizaciones mafiosas que operan en nuestro país. En los últimos años Carteles extranjeros se han instalado entre nosotros. Un crecimiento semejante va acompañado de corrupción e impunidad, violencia y muerte, sobornos y extorsiones, miedo y repliegue de la sociedad, que ya no sabe en quién confiar. La sospecha de corrupción generalizada deja el sabor amargo de abandono y desamparo. Semejante crecimiento no pudo desplegarse sin complicidades de diverso orden en la sociedad y el Estado.
Constatamos mensajes ambiguos. No queremos la droga cerca, se le da vuelta la cara a los adictos, ¿y le vamos a dar más libertad de circulación todavía?
Debemos saber que las leyes cumplen una función pedagógica. ¿Qué enseñanza nos deja darle a las drogas un reconocimiento legal?
No caben dudas de que es necesario redoblar esfuerzos para combatir las redes mafiosas de los mercaderes de la muerte. No hay que darle espacio al narco-negocio. Pero recordando siempre que en el centro del problema está el hombre y sus vínculos. El hombre que necesita encontrar un verdadero sentido a su vida y poder vivirla dignamente con la libertad de los hijos de Dios.
Expresamos nuestros pareceres enriquecidos por la experiencia de la Iglesia en todo el mundo. Sí: en todo el mundo.
Así quisiéramos que se interpreten. Como una contribución para encontrar caminos de comunión superadores de una realidad que nos angustia.
Creemos que es a través del diálogo y creando espacios de reflexión en donde cada uno se pueda expresar con auténtica libertad, que encontraremos las verdaderas respuestas a este mal de nuestro tiempo.
De ninguna manera debiéramos mirar al que piensa distinto como un enemigo reprochable con el que ni siquiera hay que hablar. Por el contrario, pensamos que es respetando profundamente los distintos puntos de vista que nos guían, que encontraremos verdaderos caminos de comunión que en definitiva nos ayuden a alejar a toda la sociedad del esclavizante mundo de las drogas.
Y, por sobre y ante todo, queremos recoger y expresar la voz de los más pobres.
Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte.
“En la Argentina, lo que quizás es recreativo para un joven de clase media o alta se torna fatal en los ambientes pobres y marginales. Es necesario comprender que la vulnerabilidad social aumenta cuando no hay oportunidades de inclusión real; y que, a mayor vulnerabilidad, la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta dramáticamente. El joven pobre no tiene de dónde asirse, porque vive la fragilidad en lo escolar, en lo laboral y lo sanitario; en consecuencia, un simple consumo de porro tiende a arraigarse más rápido y con mayor fuerza.” (Fragmento tomado de la nota de opinión del sacerdote José María “Pepe” Di Paola, publicada en el diario La Nación el lunes 28 de mayo de 2012 con el título “La cuestión no es despenalizar”.)
El contexto de la ley
Desde hace un tiempo se escuchan diversas propuestas que promueven la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal.
Para sostener y justificar esta postura se expresan distintos argumentos, pero el más común es que “la guerra contra las drogas ha fracasado”, el consumo ha aumentado y lo único que se ha logrado es “criminalizar al adicto”.
Entonces se dice que la única y la “verdadera solución” es simplemente “despenalizar”, confiando en que con esta sola medida se resuelve casi todo el problema.
Sin embargo, como ya ocurrió en otros países, esto favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias y por lo tanto aumentar de esa manera el consumo, más que disminuirlo.
Cabe señalar en este contexto, que llama la atención que cuando se hace un análisis jurídico del problema de las adicciones, no se hayan analizado otras alternativas para atender una problemática tan específica como la creación de tribunales propios, fuera del área penal por ejemplo.
Nuestra realidad
El 25 de Marzo de 2009 el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires publicó un documento en el que se manifestaba que “la droga está despenalizada de hecho” y nos decían que “la despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”. Y continuaban:
“Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.(…) Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros”.
Cuando los legisladores deban meritar sobre los motivos o razones por las que se debería liberar el consumo de cannabis, entendemos que simultáneamente deberían reflexionar si el sistema sanitario de nuestro país se encuentra preparado para enfrentar todo lo que conllevaría poner en práctica tal decisión. Particularmente se ha de tener en cuenta a los más pobres. No se debe legislar para minorías sin tener en cuenta a las mayorías postergadas. Sabemos que las drogas producen impactos diversos según el estado de la salud del consumidor. Quien tiene alimentación adecuada en su infancia, atención médica habitual, dormitorio cómodo y abrigado, recibe las sustancias con serios riesgos para su salud. Pero el daño será mayor en un organismo deteriorado por la pobreza.
Entendemos el espíritu de la mirada jurídica, pero creemos que no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes.
Estado - Políticas Públicas - Contexto Social
Es necesario ir a las causas de la cuestión y no solo, a través de una mirada parcial y no integral, a considerar un aspecto del problema: el jurídico.
En este momento, en el que la pobreza y la exclusión persisten en buena parte de nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social.
Las políticas públicas deberían orientar sin lugar a dudas a desalentar el consumo de drogas. Por eso es de la mayor importancia contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud. Es urgente dar pasos hacia soluciones integrales.
La Ley Nº 26.586 que establece el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas fue promulgada el 28 de Diciembre de 2009. Es un excelente instrumento para desarrollar un verdadero esfuerzo educativo a nivel nacional. Sin embargo, debemos lamentar que aún no se han dado pasos firmes para su implementación. ¡¡ Es Urgente avanzar en educación y prevención !!
Hoy el mundo se enfrenta a uno de los mayores flagelos que se haya registrado en la historia de la humanidad. No solo por el aumento de las toxicomanías —cientos de millones de hombres y mujeres consumidores— sino también porque el entorno del adicto (principalmente la familia) se ve sometido a sacrificios enormes tanto en la observación diaria del deterioro y la angustia a que se haya expuesto el abusador de sustancias, como así también en la fase de rehabilitación posterior que importa un gran esfuerzo físico y moral de todo el núcleo afectivo primario que debe acompañar esta dolorosa y compleja etapa.
El conocimiento científico
Se ha divulgado de modo confuso que la distinción entre drogas blandas y duras —inclusive algunos gustan denominar “inocuas” a las primeras, también se las describió como “recreativas”— es un primer paso para distinguir lo que debe separarse en cuanto a las restricciones o controles gubernamentales.
Todo parece reducirse a un esquema erróneamente simplificado en el cual la droga es evaluada por comparación con otras sustancias aceptadas socialmente. Así, el caso de los cannabinoides tal vez sea el paradigma de esta situación. Inclusive algunos autores sostenían que el uso de marihuana resultaba menos dañino que la aspirina (Ells, 1992). Hoy sabemos científicamente que no es así y las organizaciones internacionales que estudian seriamente el problema como la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) alertan, por ejemplo, sobre el uso dañino de la marihuana. Esta Organización de las Naciones Unidas en su Informe Mundial sobre drogas 2011 expresa con toda claridad que cada vez más y más hay evidencias que indican que la intensa exposición al uso de cannabis incrementa el riesgo de desórdenes psicóticos.
Frente al cannabis los adolescentes parecen estar en doble desventaja: son más vulnerables al uso de ella y los efectos sobre las medidas cognitivas son más pronunciadas que en la edad adulta (Arsenault y otros, 2004, Ehrenreich y otros, 1999; Pope y otros, 2003). La adolescencia es un período crítico para el desarrollo neuronal y existen poco estudios encarados en esta etapa crítica (Mathias y otros, 2010).
Existen, como los señalados, numerosos estudios que desde el conocimiento científico, nos permiten hoy tener clara conciencia de las características complejas que nos plantea el problema de las drogas.
El deterioro de las funciones conductuales durante el manejo de vehículos, las consecuencias durante el embarazo, su relación con la esquizofrenia y los brotes psicóticos y muchos otros han sido claramente estudiados y documentados.
El narcotráfico y los mercaderes de la muerte
El daño que se produce a los adolescentes y jóvenes da cuantiosas ganancias a organizaciones mafiosas que operan en nuestro país. En los últimos años Carteles extranjeros se han instalado entre nosotros. Un crecimiento semejante va acompañado de corrupción e impunidad, violencia y muerte, sobornos y extorsiones, miedo y repliegue de la sociedad, que ya no sabe en quién confiar. La sospecha de corrupción generalizada deja el sabor amargo de abandono y desamparo. Semejante crecimiento no pudo desplegarse sin complicidades de diverso orden en la sociedad y el Estado.
Constatamos mensajes ambiguos. No queremos la droga cerca, se le da vuelta la cara a los adictos, ¿y le vamos a dar más libertad de circulación todavía?
Debemos saber que las leyes cumplen una función pedagógica. ¿Qué enseñanza nos deja darle a las drogas un reconocimiento legal?
No caben dudas de que es necesario redoblar esfuerzos para combatir las redes mafiosas de los mercaderes de la muerte. No hay que darle espacio al narco-negocio. Pero recordando siempre que en el centro del problema está el hombre y sus vínculos. El hombre que necesita encontrar un verdadero sentido a su vida y poder vivirla dignamente con la libertad de los hijos de Dios.
Red
social - Solidaridad - Bien común
Hacemos votos para que la sociedad en su conjunto se involucre para formar una verdadera RED SOCIAL que dé respuestas concretas a esta enfermedad de nuestro tiempo.
La lucha contra la droga se gana en la EDUCACIÓN y PREVENCIÓN, creando fuertes vínculos sociales a través de la SOLIDARIDAD y la búsqueda del BIEN COMÚN.
En este camino del Bicentenario del 2010 al 2016 hacemos votos para que fructifiquen los esfuerzos por lograr una sociedad libre de la esclavitud de las drogas y de toda opresión.
Comisión de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina
4 de junio de 2012
Hacemos votos para que la sociedad en su conjunto se involucre para formar una verdadera RED SOCIAL que dé respuestas concretas a esta enfermedad de nuestro tiempo.
La lucha contra la droga se gana en la EDUCACIÓN y PREVENCIÓN, creando fuertes vínculos sociales a través de la SOLIDARIDAD y la búsqueda del BIEN COMÚN.
En este camino del Bicentenario del 2010 al 2016 hacemos votos para que fructifiquen los esfuerzos por lograr una sociedad libre de la esclavitud de las drogas y de toda opresión.
Comisión de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina
4 de junio de 2012
Referencias
- Ellard, J. The ninth crusade: The crusade against drugs. Mod Med Aust, 58-68, 1992.
- Arsenault y col. Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence Br. J. Psychiatry 184, 110-117, 2004.
- Ehrenreich y col. Specific attentional dysfunction in adults following early start of cannabis use. Psychopharmacology 142, 295-301, 1999.
- Kendell R. Cannabis condemned: the proscription of indian hemp. Addictions 98, 143-151, 2003.
- Mathias y col. A failure to sustain prepulse inhibition in adolescent marijuana users. Drugs and alcohol dependence, 2010.
- McGrath y col. Association between cannabis use and psychosis related outcomes using sibiling pair analysis in a cohort of young adults. Arch Gen Psychiatry 67, 2010.
- Shapiro & Buckley Hunter. What every adolescent need to know: cannabis can cause psychosis. J of Psychos. Res. 69, 533-539, 2010.
- Míguez, Hugo, II Congreso Uruguayo de Neonatología, 2007.
- Bauer, Gabriela; Ortiz, Zulma, La Nación, 2010.
- Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, Iglesia, droga y toxicomanía, Ágape Libros, 2010.
- Ley Nº 26.586, Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el consumo indebido de drogas, Buenos Aires, 2009.
- Ellard, J. The ninth crusade: The crusade against drugs. Mod Med Aust, 58-68, 1992.
- Arsenault y col. Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence Br. J. Psychiatry 184, 110-117, 2004.
- Ehrenreich y col. Specific attentional dysfunction in adults following early start of cannabis use. Psychopharmacology 142, 295-301, 1999.
- Kendell R. Cannabis condemned: the proscription of indian hemp. Addictions 98, 143-151, 2003.
- Mathias y col. A failure to sustain prepulse inhibition in adolescent marijuana users. Drugs and alcohol dependence, 2010.
- McGrath y col. Association between cannabis use and psychosis related outcomes using sibiling pair analysis in a cohort of young adults. Arch Gen Psychiatry 67, 2010.
- Shapiro & Buckley Hunter. What every adolescent need to know: cannabis can cause psychosis. J of Psychos. Res. 69, 533-539, 2010.
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- Bauer, Gabriela; Ortiz, Zulma, La Nación, 2010.
- Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, Iglesia, droga y toxicomanía, Ágape Libros, 2010.
- Ley Nº 26.586, Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el consumo indebido de drogas, Buenos Aires, 2009.
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